El gasto en pensiones se dispara un 12% con Sánchez: las jubilaciones cuestan ya 338 millones al día

El agujero en las cuentas de la Seguridad Social es un problema importante que el Gobierno español, más pronto que tarde, tendrá que afrontar. Según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el gasto en pensiones se ha disparado un 12% desde que gobierna Pedro Sánchez.

Sin embargo, el gasto no se ha disparado porque haya más pensionistas en la nómina del Estado sino por las medidas del Ejecutivo, a pesar del abultado déficit que acumula el sistema y que pone en duda la sostenibilidad futura sin cambios normativos.

El número de pensionistas ha crecido, pero únicamente un 2,2%, lejos del ritmo del 12% al que ha crecido el gasto en pensiones desde que Sánchez entró en La Moncloa.

Si en junio de 2018 -un periodo imputable aún a la gestión del expresidente de Mariano Rajoy- el gasto en pensiones ya rebasó la barrera de los 9.000 millones de euros por primera vez en la historia, durante el mandato de Pedro Sánchez ha superado el límite de los 10.000 millones, lo que pone en alarma al sistema. ¿Por qué? Porque implica que la Seguridad Social cuesta como mínimo 120.000 millones de euros al año, una cifra inasumible en comparación con los ingresos por cotizaciones sociales que tiene España.

Para entender el fuerte peso en el gasto público que tienen las pensiones (que contempla tanto la pensión de jubilación normal como la incapacidad permanente, la de viudedad u orfandad) solo hay que observar que España se gasta 337,87 millones de euros al día. O lo que es lo mismo: 14 millones de euros cada hora. Unas cifras que abruman.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, que conoce el funcionamiento de las pensiones por su trayectoria profesional en distintos servicios de estudios, ha empezado a proponer en el marco del Pacto de Toledo y a la opinión pública una reforma de las pensiones que garantice la sostenibilidad a largo plazo. ¿Su objetivo? Recuperar el equilibrio presupuestario en 2023, una aspiración muy difícil con las cifras actuales sobre todo si se tiene en cuenta que Escrivá ha renunciado ya a algunas de sus propuestas por la oposición de los sindicatos y de sus socios de Podemos en el Gobierno.

Escrivá quería penalizar las prejubilaciones y premiar, en cambio, el retraso en la jubilación. Además, quería establecer un cláusula de revisión de las pensiones que subiría las nóminas con el IPC pero también permitiría compensar a la baja las pensiones cuando haya deflación. Sin embargo, esta última propuesta se ha caído de momento de la agenda. De todas formas, no hay que olvidar que, a cambio de los fondos de recuperación, Bruselas y sus socios pueden forzar a España a hacer reformas o cerrar el grifo. CEOE ya ha denunciado que el plan de recuperación del Gobierno de Sánchez es demasiado «genérico», una manera de decir de que falta concreción.

El sistema de Seguridad Social cerró el año de la pandemia con unos ingresos de 152.044 millones de euros y un gasto de 171.883 millones de euros, lo que implica que hay un déficit de cerca de 20.000 millones de euros (19.839 millones exactamente), el 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB).

Si en diciembre de 2018 los ingresos por cotizaciones sociales, la mayor fuente de ingresos del sistema alcanzaba los 113.851 millones de euros, en la actualidad ascienden a 118.065 millones (a finales de 2021).

Es decir, que los ingresos por cotizaciones apenas han crecido un 3,7% mientras que los gastos crecen a un ritmo muy superior: un 8,7% en el mismo periodo analizado, según datos de ejecución presupuestaria comparando los pagos efectivamente realizados no los comprometidos.  Los pagos en pensiones superan los 131.915 millones a finales de 2020, frente a los 121.276 millones del mismo periodo de 2018.